Resolución del Consejo Nacional del Partido Acción Ciudadana

RESOLUCIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA

El Partido Acción Ciudadana (PAC) ha venido desarrollando una estrategia de unidad de los sectores democráticos y progresistas del país para:

• Combatir el pacto y la repartición prebendaria de cuotas de poder en el Estado. 
• Oponerse a la pretensión de Daniel Ortega de construir una dictadura, mediante el continuismo y un Estado de facto, ante el desmantelamiento de toda la institucionalidad y de las elementales normas del Estado de Derecho. 
• Cumplir con nuestros principios de generar un proyecto político profundamente democrático, con auténtico pluralismo ideológico, con sentido programático comprometido con el país, y con una nueva forma de hacer política, sustentada en principios y valores éticos y morales, predicando con el ejemplo. 
• Construir la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas y opositoras al pacto y la reelección en una sola fuerza de lucha contra el régimen actual.

POR LO TANTO, ACORDAMOS:

1.  Manifestar nuestra voluntad de participar activamente en el proceso electoral y en las elecciones 2011, como el mecanismo de ejercer y defender nuestros derechos ciudadanos, conscientes que el abstencionismo sólo beneficiaría a los pactistas y desmoviliza al pueblo en el ejercicio de los mismos. Asimismo, el Partido Acción Ciudadana demanda la observación nacional e internacional como medio para garantizar un proceso electoral creíble y transparente.
2. Apoyar, organizar y consolidar la integración de una amplia alianza de consenso nacional para aglutinar a todas las fuerzas políticas y sociales de la nación sobre bases programáticas democráticas y progresistas que permitan  enfrentar y derrotar al oprobioso régimen orteguista y sus aliados pactistas en las elecciones de noviembre del 2011. Proponer a estas organizaciones el Manifiesto de la Coalición Democrática (CD) como base para la elaboración programática de carácter democrático, de defensa del Estado de Derecho y de lucha contra la corrupción.
3. Exhortar a partidos y organizaciones que estamos en la Coalición Democrática (CD), así como a los de la Alianza Patriótica (AP), a los movimientos sociales y sociedad civil, a que sumemos esfuerzos para construir juntos esta amplia alianza de consenso nacional.     
4. Apoyar la precandidatura a presidente de la república del señor Fabio Gadea Mantilla, en tanto represente la lucha política contra el infame pacto Ortega-Alemán, en consecuencia, esto excluye cualquier posibilidad de que partidos pactistas encabecen la casilla electoral; apoyamos la incorporación de las bases y simpatizantes de dichas organizaciones, que en la práctica han mostrado su distanciamiento con sus cúpulas partidarias.
5. Proponer a las fuerzas de la genuina oposición nicaragüense, y en especial al grupo político que rodea a Fabio Gadea Mantilla, conformar una instancia de coordinación política y democrática con el propósito de elaborar las bases programáticas, estrategia y la articulación de la campaña electoral.          
6. El Partido Acción Ciudadana (PAC) pone a disposición sin reserva ni condiciones su personalidad jurídica a las organizaciones democráticas para constituirse en el instrumento legal de las genuinas fuerzas de la oposición, a los movimientos sociales y a la sociedad civil, y participemos activamente en el proceso electoral del 2011.
7. Finalmente, expresamos que en caso de no prosperar la concreción de una amplia alianza nacional con un candidato que en estos momentos encabeza Fabio Gadea Mantilla u otro que pudiera surgir de consenso –por causas de los intereses personales y por la vocación pactista de algunos dirigentes políticos– proponemos  la unidad de la izquierda democrática, de los partidos demócratas, de los sectores independientes de los movimientos sociales y la sociedad civil para convertirla en una opción electoral independiente en las elecciones del 2011.

En la ciudad de Managua, 28 de noviembre del 2010

Por el Consejo Nacional del Partido Acción Ciudadana,

Moisés Hassan Morales                                           Carlos Zapata Rocha

        Presidente                                                             Vice-presidente

Reflexiones sobre el Río San Juan

Es indiscutible que Nicaragua tiene el sumo imperio
y ejerce su soberanía sobre el Río San Juan de conformidad
con las leyes y tratados internacionales,
por lo tanto está en todo su derecho de realizar el
dragado del Río San Juan como parte del mantenimiento
del mismo y para garantizar la integridad de
su frontera.
Sí es preocupante, como se señala en un comunicado
del MRS, que el gobierno no haya licitado la empresa
para realizar el dragado, tratándose de una inversión
millonaria; tampoco se ha dado a conocer de dónde
saldrán los fondos para esta actividad, ya que no se
contemplan en el Presupuesto General de la Republica;
y finalmente no se está claro quién garantiza la
calidad técnica de este dragado.
Sectores políticos vinculados al gobierno tratan de
involucrase en la explotación de los recursos naturales
en el Departamento de Río San Juan, así como en
el negocio del turismo, para su enriquecimiento individual,
no para la nación. Sin embargo, hasta ahora
no han hecho ninguna inviersión en esa zona.
Los proyectos de un canal interoceánico atrajeron
nuevamente la atención del río San Juan con la perspectiva
de beneficiarse si la ruta se decidiese por
esa vía. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho
ninguna inversión en esta región, ni turística ni
forestal ni de ninguna clase, porque no existe un plan
de aprovechamiento para este valioso recurso.
El nacionalismo a ultranza, reaccionario, más conocido
como chovinismo, ha sido la tónica de defensa de
ambos gobiernos, lo que les ha servido para acallar
a la oposición y hacer que todas las fuerzas políticas
respalden a sus respectivos gobiernos. En el caso de
Nicaragua, la ardorosa defensa del río San Juan hace
pasar de lado la importancia actual de la defensa de
la Constitución, que está siendo manoseada por el
gobierno de Ortega al pretender la reelección presidencial;
del funcionamiento de un Consejo Supremo
Electoral y Corte Suprema de Justicia espurios,
porque están funcionando de facto. El único sector
que podría salir perjudicado son los miles de nicaragüense
que trabajan en Costa Rica, pese a que son
ellos quienes generan miles de millones de dólares al
producto interno de ese país.
Por su parte, Costa Rica se ha aislado del resto de
naciones de Centroamérica, al no participar en la
integración regional, ni a las instancias políticas y
legales como el Parlacen y Corte Centroamericana
de Justicia.
Según informaciones, Costa Rica se ha aprovechado
económicamente del río San Juan. Se dice que
“hace más de 40 años, desde 1948 hasta 1955”, el
sector empresarial costarricense “desvió parte del
caudal del río San Juan al dragar el río Colorado,
construyendo un sistema de canales que rehabilitó
los caños naturales, aprovechando el agua para generación
eléctrica, riego agrícola y construyeron el
canal intercostal de El Tortuguero que une Puerto Limón
con la Barra del Colorado”. Buena parte de los
ingresos turísticos de Costa Rica provienen de la explotación
de los recursos naturales del río San Juan.
Estas acciones y otras más recientes han provocado
un impacto negativo considerable en el medio ambiente.
La solución de este diferendo sólo puede hacerse de
forma bilateral, y en su defecto recurriendo a la Corte
Internacional de Justicia.
La densificación de los mojones en la frontera sur es
la salida recomendable para la finalización de este
diferendo.
Se debe luchar contra la militarización en esta zona,
así como contra todo proyecto en ambos lados de
la frontera de Nicaragua y Costa Rica, que afecte el
ecosistema de esa región, y promover aquellos con
la certificación de sus estudios de impacto ambiental
y con la aprobación de la sociedad civil regional y
de la Asamblea Nacional.
El Río San Juan debe ser declarado patrimonio nacional
y toda inversión en su zona debe hacerse a
través de la protección del medio ambiente y en beneficio
de la sociedad nicaragüense.
Asimismo, proponer la inversión conjunta a nivel
centroamericano para la explotación racional del Río
San Juan, que atraiga a Costa Rica a incorporarse a
los esfuerzos integracionistas de la región.

EL GASTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Francisco Samper Blanco

La educación es el eje esencial que permite el desarrollo social y económico de una nación. Plutarco, historiador, filósofo y moralista de la antigua Grecia, escribió en su libro Ética que “la verdadera fuente y raíz de la honestidad y la virtud se encuentra en una buena educación”. Partiendo de este principio, consideramos de gran trascendencia para Nicaragua que se consagre una mayor cuantía de recursos financieros a la educación, especialmente al presupuesto del Ministerio de Educación, por su incidencia en el progreso del país.

La historia registra a Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), maestro, escritor y político argentino, como uno de los ilustres personajes que impulsó la educación pública en su país, Argentina, para su desarrollo y esplendor. Siendo presidente de ese país (1868-1874), Sarmiento elevó la población escolar ( de 30 mil a 100 mil) mediante la creación de numerosas escuelas primarias, fundó en su período presidencial la Academias de Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdobas.
En Nicaragua, pareciera que nuestros gobernantes de ayer y de hoy dan las espaldas a esta insigne labor desarrollada por el maestro Sarmiento en el siglo XIX. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), nos reafirma con evidencia empírica la vigencia de los postulados filosóficos de Plutarco y la labor desarrollada por Sarmiento. Efectivamente, un estudio de la CEPAL, realizado en el año 2000, estimó que se requiere como promedio regional (América Latina y el Caribe) un mínimo de 11 a 13 años de estudio formal para contar con buenas probabilidades de no caer o seguir en la pobreza, es decir, lograr rebasar el umbral de la pobreza. Es decir, es indispensable que los nicaragüenses tengan al menos el bachillerato para no caer en el infierno de la pobreza.
¿Que ha pasado en nuestro país? ¿Se ha enfatizado en el gasto del Ministerio de Educación? ¿Cuál ha sido la lógica del gasto presupuestario? Desafortunadamente, la lógica presupuestaria de los últimos veintes años es privilegiar el pago del servicio de la deuda pública y el “sobrante” es utilizado para financiar el gasto operativo del Estado y algunos que otros gastos sociales que no mejora la productividad de nuestro trabajadores y no reduce sustancialmente la pobreza.
Todos los gobiernos, incluyendo el actual, han negociado diferentes programas económicos-financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se centra especialmente en el cumplimiento de un bajo déficit fiscal y de obtener un alto ahorro corriente primario (es el resultado que se obtiene de restar los ingresos fiscales menos el gasto corriente ), con el propósito de tener un buen colchón de recursos financieros para pagar la amortización de la deuda pública externa e interna.
En realidad el presupuesto público no ha sido utilizado para apalancar y crear un entorno favorable para el desarrollo social y económico de la nación. Es decir, no se financia adecuadamente el gasto del Ministerio de Educación para permitir que nuestra mano de obra se tecnifique, ni se invierte lo suficiente en infraestructura que posibilite apoyar de forma apropiada a la economía y a la producción.
La lógica presupuestaria se ha limitado a financiar el funcionamiento operativo de las instituciones gubernamentales, es decir, costear los salarios, energía eléctrica, agua, telefonía, combustible y lubricantes de dichas instituciones, pagar el servicio de la deuda pública y sufragar un gasto social asistencialista que no tiene efectos favorables sobre la productividad y por supuesto sobre el empleo. Para reafirmar lo que estamos exponiendo, presentamos la siguiente gráfica, en la que comparamos el pago del servicio de la deuda pública externa e interna con el gasto del Ministerio de Educación a partir del año 2000, ambas cifras en millones de dólares corrientes. Aclaramos que el año 2010 es estimado por el Presupuesto General de la República y su reforma y el 2011 es lo estimado en el proyecto de Presupuesto General de la República 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a las liquidaciones presupuestarias y el presupuesto 2010 y 2011.

De la gráfica anterior se infiere que el pago del servicio de la deuda pública siempre ha sido mayor que el gasto del Ministerio de Educación, Mined. Este comportamiento es una constante de los diferentes gobiernos, que han priorizado el pago del servicio de la deuda que cualquier otro crédito presupuestario, incluyendo el gasto del Mined. En la proyección del 2011 se abre aún más la diferencia entre el pago del servicio y el gasto del Mined en US$82.1 millones. Es Por eso, que el prestigioso economista nicaragüense, José Luis Medal, afirma que Nicaragua tiene 20 años de estar bajo el modelo neoliberal y no 16 años como afirma el actual gobierno. Tiene razón el economista, durante los últimos veinte años no se ha modificado la forma de administrar nuestra economía ni ha cambiado la lógica de gestionar el gasto público.
¿Por qué insistimos en incrementar el gasto del Ministerio de Educación?
Consideramos que es indispensable mejorar sensiblemente el gasto del Ministerio de Educación, como herramienta básica para que nuestros jóvenes puedan incorporarse al mundo laboral con adecuadas oportunidades que le permita obtener ingresos que le posibilite tener un digno nivel de vida.
Con bajos y precarios salarios, nuestra juventud solamente podrá heredar a sus futuras generaciones pobreza y miseria y de persistir esa situación, la pobreza se hereda de una generación a otra y los grupos o sectores sociales no mejoran sus condiciones sociales sino que conservan en completa inmovilidad en su escala social. Dicho de otra forma, nuestra niñez y juventud y sus generaciones venideras se mantendrán en el círculo infernal de la pobreza sino damos un golpe de timón, que consiste en brindarles oportunidades educativas.
Asimismo, la capacitación de nuestra juventud permitirá que Nicaragua se inserte en mejores condiciones y competitivas en el concierto de la globalización mundial. Una mano obra sin capacitación técnica las oportunidades de desarrollo y de inversiones con adecuados componentes tecnológicos continuarán siendo una quimera para Nicaragua y por ende nuestra economía seguirá creciendo a paso de tortuga. En ese sentido, urge también reorientar el contenido de la educación secundaria nicaragüense, es imperativo introducir a ese nivel educativo aspectos de aprendizaje técnico que les permita a los “chavalos” integrarse apropiadamente al campo laboral, en caso que estos no continúen con sus estudios universitarios
Nuestra propuesta
El suscrito, militante del Partido Acción Ciudadana (PAC), que pretende constituirse gobierno en el 2012, en el marco de una amplia coalición o alianza de consenso nacional, propone para incrementar el gasto del Ministerio de Educación básicamente un consenso nacional sobre la educación, basado esencialmente en una CONCERTACIÓN FISCAL, que permita implementar las medidas fiscales pertinentes para obtener el incremento de los recursos pecuniarios necesarios para financiar el gasto del Ministerio de Educación. La concertación fiscal debe de abarcar los siguientes aspectos:

 Una concertación tributaria del gobierno central con los diferentes agentes económicos que permita elevar la actual carga tributaria para cerrar la brecha entre el ingreso y las necesidades del gasto público en el Ministerio de Educación. En ese sentido, debe de revisarse el impuesto sobre la renta o los ingresos en dos vías: a) las exenciones permanentes del impuesto sobre la renta que tienen algunos sectores económicos y b) Establecer impuestos progresivo sobre los ingresos que no afecten a los sectores medios y pobres de la población. El gobierno debe comprometerse a destinar al gasto del Ministerio de Educación los recursos tributarios adicionales que se obtengan a consecuencia de la aplicación de los impuestos.
 Un compromiso del gobierno central de reorientar el gasto, lo que significa ajustar o reducir los egresos inocuos y superfluos de las instituciones gubernamentales y disminuir la abultada burocracia en algunas de las instituciones públicas.
 Reformar la Ley No. 582, Ley General de Educación, para permitir que el 20 por ciento, como mínimo, de los ingresos tributarios sea destinado al gasto del Ministerio de Educación. Adicional al monto que genere el cálculo del 20 por ciento, serán los ingresos de la cooperación externa, préstamos y donaciones externas, los que se tendrán como fuentes de financiamiento suplementarias al presupuesto del Ministerio de Educación.
 Priorizar el financiamiento del gasto de capital del Ministerio de Educación con préstamos externos, como una fuente necesaria para invertir en la infraestructura educativa y contener el deterioro y la caída del gasto real de capital. Es indispensable que en la política de inversión en el área educativa, el gobierno gestione ese tipo de recursos para el financiamiento de la misma, de tal manera que el gasto de capital del Ministerio de Educación deje de ser marginal y se convierta en una prioridad de política pública.
De llevar a cabo este programa de financiamiento al gasto del Ministerio de Educación, les diría a los gobernantes, parafraseando a un maestro de primaria del siglo XIX, que después de analizar el Método de la lectura gradual del insigne Sarmiento, expresó a ese autor lo siguiente: "Por estas medidas (“este libro” dice el original) le serán perdonados en la otra vida todas las penas del Purgatorio y le sobrarán seis años de indulgencia todavía".
El autor es economista, abogado y notario público.
Directivo del Partido Acción Ciudadana (PAC)
fsamperb@hotmail.com

La Ciudadanía No. 3 (Versión imprimible)

El Partido Acción Ciudadana: Una reserva política y moral de la izquierda democrática

La coyuntura política impone la unidad de todas las fuerzas democráticas y opositoras antipactistas para frenar los peligros de retroceder a una dictadura y a un Estado de facto, ante el trastrocamiento de toda la institucionalidad y de las elementales normas del Estado de Derecho, consecuencias del pacto entre Alemán-Ortega.
Este hecho plantea deseable que una candidatura de consenso aglutine a todas las organizaciones y partidos en una amplia unidad nacional, que independientemente de sus posiciones ideológicas y peso relativo en la sociedad se centren en la construcción de un Estado de Derecho, cuyas libertades incluyan no sólo los derechos políticos, sino los sociales y económicos de la población.
Si se logra aglutinar esta unidad nacional, con la propuesta de Fabio Gadea como candidato de consenso, y la participación de las alianzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y personalidades, unidos bajo un programa decidido en consenso, en condiciones democráticas de participación de todos los sectores políticos y sociales, bajo una casilla decidida en igualdad de condiciones, con candidatos a diputados valientes, honestos y dignos; es una opción viable.
El argumento cuantitativo es que si se realiza una elección a dos bandas: entre el candidato de Ortega o él mismo, por un lado, y la unidad nacional del resto de partidos y organizaciones adversas, por el otro, las posibilidades de un triunfo electoral opositor son amplias. Claro, esto no excluye que Alemán concurra a las elecciones como parte de sus compromisos en el pacto con Ortega, con la intención de dividir este voto y tratar de mantener sus cuotas de poder; aunque de acuerdo a las encuestas sólo signifi ca un 7% del electorado.
Esta potencial unidad es todavía una perspectiva, en la cual hemos ido avanzando en sus planteamientos a través del debate y la acción en la Coalición Democrática, y a su vez de ésta con la Alianza Patriótica.
Desde el Partido Acción Ciudadana (PAC) hemos venido luchando por establecer la democracia social y política, que permita impulsar los cambios económicos y sociales necesarios para crear las condiciones que conduzcan a favorecer a los sectores de trabajadores del campo y la ciudad, pequeños y medianos empresarios, profesionales y principalmente de una gran masa de desempleados, incluidos los retirados del ejército, la policía y desmovilizados de la resistencia, que viven actualmente condenados a su suerte y a toda especie de sobrevivencia para continuar existiendo.
Estos ideales son lo que fundamentan el carácter profundamente democrático y de progreso social del PAC, que deben ser alcanzados mediante la acción ciudadana, en el ejercicio de sus derechos políticos, organizativos y de movilización.
Por estas razones, el Partido Acción Ciudadana viene planteando la necesidad de la unidad de la izquierda democrática que se constituya en un factor democrático importante de esta amplia alianza electoral nacional. Implica avanzar en la unidad en la acción de organizaciones como el Movimiento Renovador Sandinista, el Nuevo Partido Socialista, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, sectores del Partido Liberal Independiente y diversas agrupaciones de la sociedad civil, entre ellas la Iniciativa Ciudadana por la Democracia, y aquellas que están a favor de transformaciones profundamente democráticas y sociales; y no sólo de cambios de personas en el poder.
Es importante que desde ya se avance en la propuesta del Partido Acción Ciudadana de unidad de la izquierda democrática, porque puede convertirse en una alternativa estratégica viable para los intereses de la nación, y muy particularmente puede ser una opción electoral independiente en el 2011, en caso de que no prosperar —por los intereses personales y vocación pactista de algunos dirigentes políticos— la concreción de una amplia alianza nacional con un candidato de consenso, que en estos momentos encabeza Fabio Gadea Mantilla.

Carlos Molina
cmolinam@yahoo.com

Unidad en la acción en León: Organizaciones políticas y dirigentes del Partido Acción Ciudadana reciben a Fabio Gadea

Dirigentes y simpatizantes del Partido Acción Ciudadana, encabezados por el Secretario Departamental de
León, Carlos Jirón Escorcia, participaron desde la coordinación de actividades en conjunto con otras organizaciones democráticas para en el recibimiento a Fabio Gadea en la ciudad metropolitana.

En un ejercicio democrático que demuestra la unidad en la acción de las fuerzas políticas democráticas que se oponen al pacto Ortega-Alemán, las diferentes líderes de las organizaciones de León se convocaron e iniciaron las actividades conjuntas para recibir al candidato de consenso, Fabio Gadea Mantilla, en el histórico barrio de Subtiava.
Gadea recibió amplio apoyo para constituirse en el candidato de consenso que unifique a toda la oposición que se opone al pacto y la corrupción y pueda enfrentarse en un mano a mano al candidato ofi cialista.
Carlos Jirón Escorcia, Presidente del Comité Departamental de León del Partido Acción Ciudadana (PAC) comentó que la fase organizativa del evento estuvo muy fraterna y para ellos constituye el inicio de varias actividades que tienen planeadas en este departamento, en particular con el MRS.

Editorial del Boletín No. 3 La Ciudadanía

El Consejo Supremo Electoral hizo la convocatoria a los partidos políticos para participar en las próximas elecciones 2011 enviándoles un formato de solicitud que debía presentarse antes del 6 de noviembre de este año.

Por primera vez en la convocatoria a elecciones que se hace uso de este formato. La única explicación es que los actuales miembros del Consejo Supremo Electoral, a quienes se les expiró su periodo legal y están funcionando de facto, a través de este mecanismo se están legitimando su continuación en este poder del Estado. Esta medida se hizo bajo el riesgo de ser excluido por desacato y desde ya todos los partidos se sienten bajo la amenaza de perder su personería si no cumplen con las directrices de este CSE, porque se invitaron a diferentes tendencias de los partidos que tienen en juego su personería.

El reclamo de diferentes organismos de la sociedad civil es que se respeten los acuerdos de Metrocentro I y II, los cuales tienen como eje la no reelección y el cambio de los magistrados del CSE. Como parte del pacto Alemán-Ortega, el Consejo Supremo Electoral se modificará hasta febrero con pequeños cambios, pero manteniendo a la mayoría de los actuales magistrados de facto.

Estos pequeños cambios en el CSE todavía no constituyen una garantía para la transparencia en las futuras elecciones; en primer lugar, por el riesgo de ser excluidos como partidos legales o inhibidos sus candidatos.

Los partidos que han solicitado participar en las próximas elecciones son 15 nacionales, entre los cuales se encuentra el Partido Acción Ciudadana, y 3 regionales, como puede verse en esta misma edición en la carta que envía la Secretaría de Actuaciones del CSE. Esta notificación constituye apenas el inicio de este proceso, reservándose todavía para el resto del proceso cualquier objeción, como una espada de Damocles que pende sobre los partidos políticos.

El Partido de Acción Ciudadana, PAC, considera que para la realización de un proceso electoral limpio y transparente, se requiere dos condiciones básicas:
Que la Asamblea Nacional elija a magistrados del Consejo Supremo Electoral probos y honestos, que respeten la voluntad popular.
Que se garantice la observación nacional y extranjera con el propósito de garantizar la transparencia del proceso electoral, y evitar cualquier intento fraudulento.

Estamos conscientes de lo difícil que resulta el cumplimiento de ambas condiciones. No obstante, es necesaria una amplia  movilización popular para luchar por la conquista de estas condiciones. En ese sentido, el Partido de Acción Ciudadana se inscribe en la convocatoria que recientemente hizo el Movimiento Por Nicaragua para marchar por las calles de Managua para exigir unas elecciones limpias y sin fraude.