Reflexiones sobre el Río San Juan

Es indiscutible que Nicaragua tiene el sumo imperio
y ejerce su soberanía sobre el Río San Juan de conformidad
con las leyes y tratados internacionales,
por lo tanto está en todo su derecho de realizar el
dragado del Río San Juan como parte del mantenimiento
del mismo y para garantizar la integridad de
su frontera.
Sí es preocupante, como se señala en un comunicado
del MRS, que el gobierno no haya licitado la empresa
para realizar el dragado, tratándose de una inversión
millonaria; tampoco se ha dado a conocer de dónde
saldrán los fondos para esta actividad, ya que no se
contemplan en el Presupuesto General de la Republica;
y finalmente no se está claro quién garantiza la
calidad técnica de este dragado.
Sectores políticos vinculados al gobierno tratan de
involucrase en la explotación de los recursos naturales
en el Departamento de Río San Juan, así como en
el negocio del turismo, para su enriquecimiento individual,
no para la nación. Sin embargo, hasta ahora
no han hecho ninguna inviersión en esa zona.
Los proyectos de un canal interoceánico atrajeron
nuevamente la atención del río San Juan con la perspectiva
de beneficiarse si la ruta se decidiese por
esa vía. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho
ninguna inversión en esta región, ni turística ni
forestal ni de ninguna clase, porque no existe un plan
de aprovechamiento para este valioso recurso.
El nacionalismo a ultranza, reaccionario, más conocido
como chovinismo, ha sido la tónica de defensa de
ambos gobiernos, lo que les ha servido para acallar
a la oposición y hacer que todas las fuerzas políticas
respalden a sus respectivos gobiernos. En el caso de
Nicaragua, la ardorosa defensa del río San Juan hace
pasar de lado la importancia actual de la defensa de
la Constitución, que está siendo manoseada por el
gobierno de Ortega al pretender la reelección presidencial;
del funcionamiento de un Consejo Supremo
Electoral y Corte Suprema de Justicia espurios,
porque están funcionando de facto. El único sector
que podría salir perjudicado son los miles de nicaragüense
que trabajan en Costa Rica, pese a que son
ellos quienes generan miles de millones de dólares al
producto interno de ese país.
Por su parte, Costa Rica se ha aislado del resto de
naciones de Centroamérica, al no participar en la
integración regional, ni a las instancias políticas y
legales como el Parlacen y Corte Centroamericana
de Justicia.
Según informaciones, Costa Rica se ha aprovechado
económicamente del río San Juan. Se dice que
“hace más de 40 años, desde 1948 hasta 1955”, el
sector empresarial costarricense “desvió parte del
caudal del río San Juan al dragar el río Colorado,
construyendo un sistema de canales que rehabilitó
los caños naturales, aprovechando el agua para generación
eléctrica, riego agrícola y construyeron el
canal intercostal de El Tortuguero que une Puerto Limón
con la Barra del Colorado”. Buena parte de los
ingresos turísticos de Costa Rica provienen de la explotación
de los recursos naturales del río San Juan.
Estas acciones y otras más recientes han provocado
un impacto negativo considerable en el medio ambiente.
La solución de este diferendo sólo puede hacerse de
forma bilateral, y en su defecto recurriendo a la Corte
Internacional de Justicia.
La densificación de los mojones en la frontera sur es
la salida recomendable para la finalización de este
diferendo.
Se debe luchar contra la militarización en esta zona,
así como contra todo proyecto en ambos lados de
la frontera de Nicaragua y Costa Rica, que afecte el
ecosistema de esa región, y promover aquellos con
la certificación de sus estudios de impacto ambiental
y con la aprobación de la sociedad civil regional y
de la Asamblea Nacional.
El Río San Juan debe ser declarado patrimonio nacional
y toda inversión en su zona debe hacerse a
través de la protección del medio ambiente y en beneficio
de la sociedad nicaragüense.
Asimismo, proponer la inversión conjunta a nivel
centroamericano para la explotación racional del Río
San Juan, que atraiga a Costa Rica a incorporarse a
los esfuerzos integracionistas de la región.